La voz de las mujeres: imprescindible e innegociable

By | junio 2, 2015
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Acuerdo de Asociación CAN-UE
La campaña Comercio con Justicia: mis derechos no se negocian, lanzada en Bogotá en marzo de 2004, vincula actualmente a 36 organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos, de mujeres, sindicales y de desarrollo.

La campaña Comercio con Justicia: mis derechos no se negocian, busca asegurar el protagonismo de las mujeres y sus organizaciones en las acciones políticas y de movilización respecto a los acuerdos comerciales de manera que sean incluidas sus agendas, necesidades, intereses y derechos. La campaña ha documentado cómo la disminución de las garantías y derechos laborales que usan países como Colombia para estimular el empleo, atraer la inversión extranjera y competir en los mercados internacionales, tiene efectos desproporcionados para las mujeres quienes deben trabajar más por menos ingresos, agravando así las condiciones de discriminación y pobreza.

El Acuerdo de Asociación de la CAN-UE, encuentra avanzado ya un piso de negociación en el TLC Colombia-Estados Unidos y Perú-Estados Unidos.

El documento de evaluación conjunta, que se ha dicho es fundamento del proceso, es una descripción detallada del funcionamiento de la CAN. No se abordan allí los intereses comerciales ni políticos de la CAN en el mercado de la UE, o las ofertas que puede hacer la Unión Europea para el desarrollo de la CAN o sus países, ni las asimetrías institucionales entre los dos bloques. Es una mirada unilateral hacia la CAN que concluye en que puede ser de utilidad para la Unión Europea. El análisis del flujo comercial entre los dos bloque evidencia que el énfasis de este acuerdo no será el comercio de bienes. El punto de interés de la Unión Europea está en garantizar la apertura del mercado andino para sus la inversiones y por lo tanto, los temas de interés son servicios, compras del estado y propiedad intelectual.

Los componentes de diálogo político y cooperación, aparecen más como escenarios de discusión retórica para neutralizar la oposición al de comercio, lo que se evidencia en la reticencia a excluir de la negociación los temas de Singapur: inversión, políticas de competencia, transparencia de compras gubernamentales y facilitación de comercio. Cada uno de estos pilares de negociación ya tiene identificados temas, pero sobre ellos no habrá mesas de negociación específicas, como sí ocurre con el comercial. En otras palabras, estos pilares responden fundamentalmente a la lógica y demandas de las relaciones comerciales y no al imperativo ético y político de garantizar los derechos humanos.

Sobre la cooperación se ha dicho que buscará aumentar la capacidad productiva, de manera que se logre “nivelar el desnivel” de las economías. Pero no es claro que realmente haya la intencionalidad de armonizar este propósito con el de jalonar el desarrollo sostenible, que quiere decir, que la capacidad productiva de los países no tiene que enfocarse necesariamente al comercio entre los dos bloques. Antes que negociar el Acuerdo, habría que empezar por reconocer y pagar la deuda que Europa tiene con el continente americano después de 515 años del proceso de conquista y saqueo que definió esas asimetrías que hoy se pretenden subsanar con la cooperación, como lo ha expresado el líder indígena peruano Miguel Palacín.

Hasta el momento, no se ha evidenciado cómo considera este proceso de negociación los derechos y necesidades básicas y estratégicas de las mujeres. El fortalecimiento de actuales sectores exportadores a Europa no plantea una oferta de empleo digno para nosotras. La globalización claramente ha demostrado que ni la agroexportación ni la maquila ofrecen condiciones que permitan a las mujeres superar la discriminación ni la pobreza. En la primera ronda de negociaciones, la campaña planteó al gobierno colombiano este punto, y la respuesta, ambigua, es que se abordará en el pilar de cooperación y que hay disponibilidad de recursos para proyectos de mujeres, como si así se pudieran superar condiciones históricas de discriminación que el Estado está en la obligación de superar. Toda política que desarrolle el gobierno colombiano, debe analizar y dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y de la Constitución Política.

El Parlamento Europeo, en una Resolución de 2006, ha expresado que “Observa que, si bien muchas mujeres se han beneficiado también de la liberalización del comercio y de inversiones extranjeras directas debido a las oportunidades de empleo que han creado, la liberalización ha contribuido a la informalización de las relaciones laborales, al empeoramiento de las condiciones de trabajo y a la feminización del empleo en varios sectores económicos..” y por lo tanto “Hace hincapié en la necesidad de examinar de qué manera pueden beneficiarse las mujeres de la liberalización del comercio y de recopilar de forma sistemática datos desglosados por sexo a fin de poner remedio a la insensibilidad a las diferencias de trato por razón de sexo de las actuales políticas comerciales y de las políticas de las instituciones económicas mundiales…”. Este reconocimiento institucional también compromete a la Unión Europea a evaluar de manera seria y previa a las negociaciones, las reales potencialidades y amenazas de este proceso para las mujeres.

Finalmente, existe en la CAN una clara asimetría en el funcionamiento de la democracia en los cuatro países que la componen. Mientras que hoy, el Gobierno boliviano invita a la participación masiva de la sociedad civil, el gobierno colombiano la esquiva. Fue evidente en la reunión realizada en Lima, el pasado 24 de noviembre. En Bogotá, únicamente participaron 6 personas, de dos redes nacionales, siendo un país de más de cuarenta millones de habitantes. En otras palabras, está claro que en el escenario de negociación, los mecanismos de participación previstos, abren el espacio para dejar algunos puntos de vista críticos, pero sin ningún mecanismo que vincule a ninguno de los protagonistas oficiales del proceso: los gobiernos, la CAN y la Unión Europea.

Por todo lo anterior, consideramos que es preciso que las organizaciones sociales y en general, las sociedades de los países andinos, tienen el derecho de conocer los términos e implicaciones de este escenario de negociación comercial, y poder así debatir su conveniencia para nuestros pueblos, bajo el criterio fundamental de proteger y promover el ejercicio y respeto a los derechos humanos. En ese ejercicio de discusión, las voces de las mujeres, sus necesidades, sus derechos, son imprescindibles e innegociables.

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